Marite Hernández Correa, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, consideró que la castración química a violadores, propuesta en fechas recientes es violatoria de Derechos Humanos.
Hace unos días, la candidata a la gubernatura, Mónica Rangel advirtió que "no podemos seguir encontrando mujeres tiradas en la calle embolsadas como si fueran basura, no podemos encontrar niños, niñas ni mujeres violentadas".
Por ello, propuso que "pongamos sobre la mesa temas como la creación del Registro Estatal de Agresores Sexuales, endurecer las penas y castigos para violadores y pederastas, clasificar la pederastia como delito grave con penas superiores que alcancen la cadena perpetua, e incluso, analizar la castración química para ofensores sexuales".
Al respecto, Hernández afirmó que el planteamiento es un asunto ya tratado en la materia, e imposibilitado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano.
"Es válido que todos hagan sus propuestas, y pues bueno, la ciudadanía decidirá si eso se lleva a cabo o no (...) es una situación sumamente extrema".
Por separado, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora investigadora de la Maestría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, dijo que tales medidas lejos de disminuir el problema , incluso pueden acrecentarlo, aunado a que el marco de Derechos Humanos no posibilita dichas penalidades.
Recordó que la Constitución Política prohíbe cualquier tipo de penas corporales infamantes y degradantes, y "evidentemente" el planteamiento de la aspirante se ubicaría contra ello y los Tratados Internacionales firmados por México en materia de Derechos Humanos.