Con fuertes objeciones sobre la legalidad, transparencia y justificación en el pago de los trabajadores por honorarios, uso de proveedores cuyo domicilio fiscal no fue localizado, equipo de cómputo desaparecido y resistencias a entregar información requerida, la Auditoría Superior del Estado (ASE), que aprobó con salvedades la cuenta pública Legislativa.
En sus conclusiones de la auditoría financiera y de cumplimiento AEFPO-25-PL-2019, la ASE informó del hallazgo de 16 situaciones irregulares que sumaron 25.4 mdp. De ellas, hubo seis peticiones de aclaración, un pliego de observaciones y 6 solicitudes de inicio de procedimientos administrativos sancionatorios.
Por el alcance de las anomalías, la ASE aprobó con salvedades el ejercicio de recursos por parte de la LXII Legislatura el año pasado.
El grueso de las observaciones radica en la falta de justificación de 15.3 millones de pesos de incremento a la partida de honorarios asimilables a salario en 2019, destinadas a 122 empleados.
La ASE señaló que el dinero procedía de la partida de Previsiones, que tenía un fin distinto a ese, además de que el Congreso no justificó en qué proyectos y programas institucionales se aplicó la mencionada partida.
El órgano fiscalizador desechó las justificaciones legislativas por insuficientes y emitió una solicitud de aclaración.
Sobre ese mismo rubro, la ASE pidió la apertura de un proceso administrativo sancionatorio a los funcionarios responsables de la falta de evidencia de los servicios prestados por los beneficiarios de los pagos y de normas de operación que rijan esa prestación.
Otros 528 mil pesos fueron observados por la carencia de contratos de dos asesores, lo que fue considerado un daño al erario.
Los finiquitos trimestrales que reciben estos trabajadores también fueron objetados. Específicamente, 36 liquidaciones que le costaron al Congreso 1.8 millones de pesos por la falta de recibos firmados por los beneficiarios.
Otras anomalías del Congreso en 2019 incluyeron el pago en exceso de salarios por 1.9 millones de pesos a trabajadores de base y de honorarios y finiquitos injustificados a trabajadores despedidos por 4.1 millones de pesos.
Además, fueron detectados al menos seis proveedores de los cuales, el Congreso no pudo comprobar su domicilio fiscal. La ASE pidió la intervención del Servicio de Administración Tributaria para ubicarlos.
Finalmente, el Congreso se resistió a entregar elementos para evaluar su sistema de control interno, por lo que la Auditoría Superior no tuvo elementos para verificar su calidad.