Por incumplimiento en diversos aspectos de la Alerta de Violencia de Género, la juez octavo de Distrito en el estado, Laura Coria Martínez, emitió una sentencia condenatoria para autoridades locales de los 58 ayuntamientos, el gobierno del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para hacer cumplir inconsistencias y omisiones, bajo la advertencia de que autoridad que no cumpla se somete a la destitución del cargo.
En el juicio de amparo 1126/2019-IV, la sentencia que obliga a establecer las políticas públicas para dar cumplimiento a diversas acciones que no se ejecutan bajo el argumento de que no hay recursos, establece que por lo menos hay dos aspectos principales de incumplimiento que ya con la sentencia derivarían en procesos sancionadores en contra de las autoridades en genérico, es decir la sentencia afectaría el cambio de gobierno y de las alcaldías.
El presidente de la Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, presentó los términos de incumplimiento y en ellos explicó que falta por cumplir el establecimiento de un protocolo para tramitar y aplicar órdenes de protección para mujeres en situación de violencia en el estado.
Otra de ellas es la falta del seguimiento a las medidas cautelares, que se relacionan con la generación de mecanismos efectivos de implementación y seguimiento de las órdenes de protección, establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
Presentaron la sentencia Celia García Valdivieso, Sarah Serna, Mariana Prieto y Raquel Charqueño.
La sentencia que se derivó de los testimonios de dos mujeres especialistas, sienta un precedente jurídico en el Poder Judicial en el país, porque reconoce el incumplimiento de la declaratoria de alerta de violencia de género.
Además, reconoce la singularidad de la alerta de género y establece que mujeres expertas en materia de Derechos Humanos, pueden ser escuchadas por un tribunal a fin de que se demuestre el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, además mecanismos de vigilancia de incumplimiento de la alerta de género por otro poder del estado.
La sentencia es vinculatoria para las instituciones públicas sin distingo de quiénes serán los titulares es decir presidentes municipales, gobernador diputados locales y el mismo Poder Judicial del Estado.