Las presidentas de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda del Congreso del Estado, Dolores Robles Chairez y Dulcelina Sánchez de Lira, defendieron la tarifa de 744 pesos que cobra la Dirección del Registro Civil por la corrección de actas, pese a que San Luis Potosí es el cuarto estado con el costo más alto del país y a que en otras entidades el trámite es gratuito o no supera los 200 pesos.
Dolores Robles sostuvo que existe desinformación y recordó que desde 2023 en el Artículo 136 a la Ley del Registro Civil se permite corregir errores sin costo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la inscripción del acta. Señaló que, si el error se detecta en ese lapso, no hay cobro, pero si se deja pasar, la rectificación debe realizarse ante la Dirección del Registro Civil mediante un procedimiento administrativo que sí genera la cuota. Consideró que el monto es justificable “de acuerdo al proceso que conlleva”. Añadió que, si la ciudadanía revisa sus documentos al momento de recibirlos, se reduciría el número de enmiendas sujetas a pago.
Por su parte, Dulcelina Sánchez afirmó que el cobro responde al trabajo técnico que implica revisar archivos y libros antiguos, especialmente en errores que se arrastran desde hace años o décadas y que se originaron en oficialías municipales. Aunque reconoció que para algunas personas puede resultar elevado, lo calificó como “un costo normal” y señaló que también existe una necesidad de recaudación, ya que los errores no siempre son atribuibles directamente al estado.
Ambas diputadas justificaron que, desde hace casi cuatro años, el Gobierno estatal ha realizado campañas de enmiendas gratuitas y certificación de CURP en los 59 municipios, además de instalar oficinas de enlace para evitar traslados hasta la capital.
Esto luego de que se diera a conocer que, durante 2025, el Registro Civil realizó 11 mil 669 enmiendas administrativas en actas de nacimiento, matrimonio y defunción, cada una con un costo de 744 pesos, lo que representó una recaudación aproximada de 8 millones 681 mil 736 pesos pagados por ciudadanos para corregir documentos emitidos por la propia institución.