La desaprobación de los informes individuales de las cuentas públicas del 2020 por parte de la Comisión de Vigilancia, no tiene mayor implicación legal, pues la Auditoría Superior del Estado (ASE) continuará en sus trabajos de fiscalización, aclararon diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Al respecto, José Luis Fernández Martínez, presidente de la Jucopo, expuso que, una vez votado por el Pleno el dictamen en contra, se remitirán los informes a la Auditoría, instancia que seguirá en sus trabajos correspondientes.
Matizó que la decisión de la dictaminadora “solamente” es una opinión reprobatoria, porque a consideración de sus integrantes, la ASE no se apegó a las formas, actuó de manera “condescendiente”, es decir, generó dudas el trabajo de los fiscalizadores.
Contextualizó que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) y la Comisión de Vigilancia revisaron una muestra de 14 informes, pero además sostuvieron entrevistas con los auditores responsables, detectándose algunas discrepancias en los procedimientos.
Entrevistado aparte, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que, si bien el lunes próximo se votará en sesión plenaria el dictamen de Vigilancia, ya sea en el sentido en que viene o en contra, no significa que un ente auditable tiene aprobada su cuenta pública.
Recalcó que el Congreso del Estado únicamente hace una validación del procedimiento de auditoría aplicado por el ente fiscalizador, y para ello está la UEC, encargada de tal verificación y emite una opinión técnica sobre si está mal o bien el mismo.
“Hay que aclarar que no se votan las cuentas públicas, esa figura ya quedó fuera desde hace tres legislaturas. Lo que se pone a consideración del Pleno, es el procedimiento que utilizó la ASE para la revisión”, concluyó.