En el estado de San Luis Potosí se encontró que más del 75% de niñas y mujeres, perciben “la casa” como el principal escenario donde se manifiesta violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.
World Vision México presentó en febrero su informe Nacional sobre la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. De esta iniciativa de análisis sobre la situación nacional se derivan 8 informes estatales y en esta ocasión se presentan los hallazgos de los estados de San Luis Potosí y Michoacán.
En el estado de Michoacán, el 51% de las inasistencias escolares son por parte de estudiantes mujeres, lo cual se debe mayormente a obligaciones en el hogar y de cuidados.
World Vision México recopiló en San Luis Potosí, un total de 1203 encuestas, representando el 4.2% de la población consultada a nivel nacional y se implementaron un total de 69 grupos focales.
De manera general, el cierre de escuelas y el impacto de la pandemia en la pérdida de empleos formales e informales, incrementó el número de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y deserción escolar. Añadido a lo anterior, al limitar los espacios de convivencia de niñas, niños y adolescentes, los reportes de denuncia de violencia contra ellas y ellos se vieron afectados, al no permitir su detección.
En San Luis Potosí se encontró que más del 75% de niñas y mujeres, perciben “la casa” como el principal escenario donde se manifiesta violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, siendo la violencia sexual infantil la más preocupante entre niñas, niños, adolescentes y adultos.
Persisten casos de matrimonio infantil en San Luis Potosí, pese a su prohibición. Ya que más del 90% considera la explotación sexual, la exposición de partes privadas y la violación como formas de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.
En los dos estados World Vision México encontró que se está normalizando la violencia y eso no se puede permitir. Los encuestados dijeron que los gritos o golpes no son considerados como un acto violento hacia las niñas, niños y adolescentes.
Una vez que se puede identificar un acto como violencia, manifestaron no haber solicitado ayuda o apoyo del Gobierno de su Estado para reportar los casos, esto se suma a que un 30% aproximadamente no ubica a las instituciones locales de su Estado que atienden la violencia contra niñas, niños y adolescentes.