La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado (Cegaip) archivó una denuncia contra el Ayuntamiento de Armadillo de los Infante por incumplir con la publicación de información sobre egresos y remuneraciones de servidores públicos
correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026.
El organismo justificó el cierre al señalar que las obligaciones
denunciadas serían revisadas mediante el Plan de Verificación 2026, aprobado en mayo para supervisar a los 59 municipios de San Luis
Potosí.
A septiembre, sin embargo, no se han dado a conocer resultados de esa verificación y, según Ciudadanos Observando, la Plataforma Estatal de Transparencia mantiene deficiencias en la información publicada por el Ayuntamiento de Armadillo encabezado por el alcalde Baldemar Miguel Hernández, tanto de 2026 como de ejercicios anteriores. La organización civil sostuvo que las omisiones que originaron la denuncia continúan.
El Ayuntamiento tampoco entregó dentro del plazo establecido el informe que le había solicitado la Cegaip. Pese a ello, el organismo
garante determinó que no era necesario continuar con el procedimiento y ordenó archivar el expediente como concluido, al considerar que el
incumplimiento sería atendido mediante el Plan de Verificación 2026.
La resolución no estableció que el Ayuntamiento hubiera cumplido con sus obligaciones de transparencia ni determinó que la denuncia fuera
infundada. El expediente fue cerrado únicamente bajo el argumento de que el caso sería revisado dentro del plan general de verificación, por lo que Ciudadanos Observando cuestionó que una denuncia específica
terminara sin una determinación sobre el incumplimiento señalado.
La organización civil pidió a la Cegaip informar qué municipios han sido revisados, qué incumplimientos fueron detectados, qué información se ordenó publicar y qué medidas o sanciones se aplicaron. También advirtió que, si el Plan de Verificación 2026 fue utilizado para cerrar
denuncias ciudadanas, sus resultados deben demostrar que el mecanismo permitió corregir las obligaciones incumplidas y garantizar el acceso a la información pública.