Las instancias gubernamentales no son las únicas víctimas económicas de la pandemia de coronavirus. De hecho, no son las más vulnerables, pues aunque disminuidos, tienen todavía bastantes recursos sobre los cuales decidir. La protección a la partida para servicios personales es una muestra.
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Casi la mitad de los potosinos, en contraste, no tienen recursos ni siquiera para alimentarse adecuadamente. Y, lejos de mantener estables sus ingresos, tienen que resignarse a ver que éstos han caído 10 por ciento durante la emergencia sanitaria.
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Es un lugar común decir que la entidad es escenario de una gran desigualdad económica. Pero no sólo entre sectores de la sociedad civil, sino también entre la gran mayoría de ésta y de las autoridades.
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Éstas últimas tienen un salvavidas, mientras que los otros, están a la deriva.
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Sin mucho sentido, los argumentos de la Comisión de Vigilancia para justificar la mañosa modificación legal que permitiría a esta Legislatura calificar su propia, y ensuciada, cuenta pública de 2019.
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El cambio en los plazos de revisión permitiría a esta Legislatura evaluar su propia, y polémica, cuenta pública, observada en varios aspectos, pero principalmente, por el polémico pago a los empleados por honorarios, de la que hay indicios de que se ha convertido en la “caja chica” de esta diputación.
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Con ello, se busca que los nuevos diputados no sean los que califiquen esas cuentas.
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Si sólo fuera relevante la calificación de la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas públicas, no habría necesidad de la modificación.
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Ayer, desde temprano, empezó a circular en redes sociales la alerta de desaparición de una mujer procedente de la Ciudad de México, Lizbeth Nancy Alcantar Vargas, que presuntamente desapareció mientras realizaba un recorrido turístico en el Centro Histórico.
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El aviso oficial surgió desde la Ciudad de México, a través de su Fiscalía General de Justicia. La última vez que se supo de ella fue la tarde del viernes.
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Desde allá surgen otros detalles que le dan relevancia especial al caso. Pese a que realizaba actividades turísticas, no venía en plan de ocio, sino de trabajo.
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Es funcionaria de la Secretaría de la Función Pública, aunque otras versiones la ubican en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, y venía a realizar una dirigencia con una instancia local. Debía regresar a la CDMX en un
vuelo vespertino.
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Se hacen votos para que Alcantar Vargas aparezca. Y es de esperar que se indague la arista de las labores oficiales que realizaba.
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¡HASTA MAÑANA!