En un escenario de asedio a periodistas potosinos, en el que 65% de las denuncias presentadas en 2025 señala a servidores públicos por abuso de poder, la polarización generada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido replicada en estados y municipios, estigmatiza y criminaliza la libertad de expresión, consideraron directivos de la organización Artículo 19.
En entrevista, Marco Clavel Alessio Robles, coordinador legal del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología, y Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico alertaron que la ofensiva contra la libertad de prensa se está sofisticando con “caballos de Troya legales”, como la reciente Ley Serrano, que según estudios se va replicando en varios estados del país.
El posicionamiento se da luego de una reunión con los diputados locales, encabezados por el diputado Héctor Serrano, y que fue cerrada a los periodistas locales.
Los entrevistados coincidieron en que San Luis Potosí es uno de los estados en los que se han generado más intervenciones o agresiones a periodistas desde la esfera del poder.
Los periodistas enfrentan ahora un escenario en el que técnicamente se les puede acusar de cualquier cosa a través de leyes locales que propician la invasión de competencias federales para perseguirlos, indicaron.
Pedro Cárdenas refirió que San Luis Potosí es el noveno estado con más agresiones contra periodistas y medios de comunicación registradas en 2025, con
16 casos.
La situación, agregó, preocupa porque en vez de generar mecanismos de protección más fuertes, las autoridades crean mecanismos punitivos contra la expresión de ideas o censuran discursos incómodos para
las autoridades.
La IA, arma legal
Marco Clavel Alessio Robles advirtió que la legislación sobre la Inteligencia Artificial (IA) es materia exclusivamente federal. Indicó que esto es así porque se trata de una materia ligada a leyes de telecomunicaciones. Dijo que sobre el tema, hay una comisión del Senado que está trabajando en una legislación general.
Aseveró que hasta ahora, no se han registrado iniciativas que criminalicen el uso de la IA con fines editoriales, pero indicó que está abierto el debate jurídico y político sobre el uso de esta tecnología como instrumento
de penalización.
En la reunión que sostuvieron con diputados locales, ambos entrevistados les explicaron que una autoridad legislativa local no tiene ley que le asista para regular la IA.
También, recordó, se les reiteró que el Congreso no tiene herramientas para generar catálogos de delitos contra el honor de los servidores públicos vinculadas a la IA.
En ese sentido, indicaron a los legisladores que cualquier presunta afectación al honor o a la reputación de cualquier persona, no puede perseguirse con el Código Penal, ni siquiera aplicando la etiqueta de la Inteligencia Artificial.
“Aquí entramos a una doble traba porque por un lado la Inteligencia artificial es materia federal y por otro, hay muchísimos precedentes que te refieren que no se puede entrar en la materia penal con todo lo relacionado con la libertad de expresión”, indicó.
Prensa, polarización
y elecciones
En el caso de la polarización, Marco Clavel Alessio Robles explicó que es un problema que se debería sortear con mecanismos tanto de interlocución como legales, con el fin de buscar una protección de derechos y condiciones materiales importantes para el ejercicio del periodismo.
“Pensamos siempre que es una muy buena práctica desde nuestra organización, colocar los insumos sobre los que estamos trabajando”, afirmó.
Por otro lado, a pocos días del inicio formal del proceso electoral federal, Marco Clavel Alessio explicó que ya está en vigor una veda para reformar cualquier aspecto en materia electoral.
Por esta razón, ninguna instancia pública puede promover reformas a leyes y reglamentos del ámbito electoral.
El comentario se da a propósito de que algunos políticos han tratado de escudarse en la normatividad electoral para generar condiciones punitivas a la libertad de expresión. El artículo 105 de la Constitución Federal les impide elaborar leyes en esa materia, especificó.
Artículo 19 les precisó esa obligación a los diputados, indicó Clavel Alessio, debido a que hay cuestiones de la materia electoral que causan preocupación, sobre todo por riesgos en materia de la libertad de expresión.
Pedro Cárdenas aseguró que para 2027, se espera un escenario complejo, sobre todo porque durante los procesos electorales la violencia contra los periodistas aumenta, según la experiencia de Artículo 19.
Añadió que los trabajadores de los medios tienen que activar protocolos de seguridad más activos y continuos,
Advirtió que para no generar pretextos para los ataques a la libertad de expresión, los periodistas tienen que apegarse a las leyes y tienen que reforzar el cuidado de ciertos momentos de la veda y los calendarios electorales, para evitar publicar ciertos tipos de contenido.
La regulación de las obligaciones de la prensa es clara y no tiene relación con aquellos “inventos” fabricados por las dependencias para censurar la libertad de expresión.
Derecho garantizado
Para Pedro Cárdenas, la polarización no debe impedir el ejercicio de la libertad de expresión, porque éste es un derecho que incluye posicionamientos contrarios a las posturas de la autoridad, los discursos incómodos y el
trabajo crítico.
Recordó que todos los partidos políticos tienen la obligación ineludible de respetar la libertad de expresión sin importar si encuentran chocante
la información
Expuso que en esta materia, no cabe una negociación de derechos, pues se trata de garantías protegidas por la ley.
La radiografía elaborada por Artículo 19 sobre la situación de la libertad de expresión en San Luis señala que el 62.5% de los abusos denunciados, señalan como fuente a los poderes públicos; 25% se quejan de la generación de un ambiente hostil procedente también de instancias públicas. También se registran dos denuncias de ataques y violencia física.
Esas cifras, indicaron los activistas, se dan en un contexto donde Artículo 19 detectó que, a nivel nacional, el ambiente hostil contra periodistas ocupa el 43.68% de los casos, el abuso del poder público es de 33.93% de los casos, los ataques y violencia física abarcan el 11.75%, las restricciones en línea o vigilancia se encuentran en el 6.65% y las violaciones graves a Derechos humanos, en el 3.99%.
Artículo 19 documentó en San Luis Potosí, hubo 16 agresiones a periodistas en 2025, que ubican a la entidad en el noveno lugar nacional en ataques a trabajadores de medios de comunicación.
A ese respecto, los entrevistados advirtieron que la definición de periodista no puede ser limitada y que los beneficiarios de los mecanismos de protección de periodistas deben incorporar a todos aquellos que cumplan con la función de informar a la sociedad, de eventos y acciones de interés público.
Periodistas, indicaron, pueden ser reporteros, analistas, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta, que publiquen en prensa, en internet o en otros medios.
Las limitaciones a la libertad de expresión deben quedar definidas con claridad en las leyes y deben estar orientadas al logro de objetivos imperiosos autorizados por la normatividad internacional