La legislación mexicana todavía no cuenta con un marco general para regular la inteligencia artificial, mientras su uso plantea interrogantes sobre quién debe responder por los daños que provoque y cómo evitar decisiones discriminatorias. Saúl Rodríguez Corona, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advirtió que la tecnología está avanzando más rápido que las normas jurídicas para controlar sus efectos.
“Nos está ganando la inteligencia artificial en cuanto a la carrera con la regulación propia de la misma”, señaló el especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Entre los riesgos que requieren atención están los sesgos algorítmicos, capaces de generar resultados discriminatorios, y la falta de claridad sobre quién debe responder cuando estas herramientas ocasionan daños a personas u organizaciones.
Rodríguez Corona sostuvo que su uso en la impartición de justicia debe mantenerse bajo supervisión humana. “Es fundamental que sea auxiliar en el quehacer diario, como en la justicia, siempre y cuando no dependa totalmente de su autonomía; tiene que estar siempre supervisada por personas”, puntualizó.
La regulación también enfrenta desafíos en materia de derechos de autor, imagen y voz cuando se utilizan materiales de terceros para generar contenidos, particularmente si existe un beneficio económico. En el ejercicio profesional del Derecho, la inteligencia artificial puede facilitar la administración de expedientes y la elaboración de contratos, pero también producir información incorrecta, referencias inexistentes y documentos deficientes, por lo que el académico consideró necesaria la revisión de profesionales.