En las estadísticas de seguridad pública hay cifras que gritan y otras que se diluyen en categorías amplias. En San Luis Potosí, entre 2022 y enero de 2026, una parte relevante de la incidencia delictiva quedó registrada bajo el concepto de "otros", un rótulo técnico que, en los hechos, vuelve menos nítida la radiografía criminal del estado. No es un matiz menor: prácticamente uno de cada diez delitos denunciados en ese periodo fue clasificado en un apartado genérico.
El análisis del concentrado estatal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que en esos cuatro años y un mes se iniciaron 240 mil 149 carpetas de investigación del fuero común en San Luis Potosí.
De ellas, 23 mil 695 fueron integradas en categorías amplias o "sin clasificar" de manera específica, lo que equivale a 9.86 por ciento del total. En términos prácticos, el 10 por ciento de la estadística oficial no permite identificar con precisión el tipo penal concreto que dio origen a la investigación.
La estructura del SESNSP organiza la incidencia delictiva por bienes jurídicos afectados. Así, los delitos contra la vida y la integridad corporal incluyen conductas como homicidio, feminicidio, lesiones y aborto; los delitos contra la libertad personal abarcan figuras como secuestro, tráfico de menores o privación ilegal de la libertad; los delitos contra la libertad y la seguridad sexual comprenden violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento; los delitos contra el patrimonio incluyen robo en sus distintas modalidades, fraude, abuso de confianza y daño en propiedad ajena; mientras que los delitos contra la familia consideran violencia familiar e incumplimiento de obligaciones de asistencia, entre otros.
Cada bloque debería desagregarse en subtipos concretos, pero cuando la conducta no se reporta con esa precisión o no encaja en los apartados predeterminados, se integra en la categoría "otros" correspondiente.
Ahí es donde el análisis para San Luis Potosí se vuelve más delicado. El caso más llamativo es el de los delitos que atentan contra la libertad personal. Entre 2022 y enero de 2026 se registraron 2 mil 509 carpetas en este rubro. Sin embargo, 2 mil 436 fueron clasificadas como "Otros delitos que atentan contra la libertad personal".
Esto significa que 97.09 por ciento, quedó concentrado en un apartado genérico. En la práctica, casi todos los delitos contra la libertad personal en el estado durante este periodo aparecen en la estadística pública sin desglose específico.
Desde un enfoque estrictamente técnico, esto implica que la información disponible no permite distinguir con claridad cuántos casos corresponden a determinadas conductas dentro de ese universo.
Aunque el instrumento contempla figuras específicas como secuestro o privación ilegal de la libertad, la abrumadora mayoría de los registros terminó bajo el paraguas de "otros". El resultado es una categoría amplia que impide observar patrones finos, identificar modalidades predominantes o evaluar si ciertas conductas están creciendo o disminuyendo.
¿Todos los homicidios?
El fenómeno no se limita a ese bloque. En el mismo periodo se contabilizaron 959 casos en "Otros delitos contra la vida y la integridad corporal", categoría que convive con registros específicos de homicidio o lesiones; 1 mil 195 en "Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual", donde deberían distinguirse con precisión violación, abuso o acoso; 4 mil 388 en "Otros delitos contra el patrimonio", pese a que el instrumento ya desagrega robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a negocio o fraude; y 14 mil 663 en "Otros delitos del fuero común", un apartado residual que agrupa conductas diversas no incluidas en los bloques anteriores.
La suma de estos segmentos es la que alimenta ese 10 por ciento de incidencia delictiva sin tipificación pública detallada.
La metodología del SESNSP es clara en el papel. Cada fiscalía estatal reporta mensualmente las carpetas iniciadas conforme al Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas. El sistema clasifica por bien jurídico afectado y por tipo penal específico, de acuerdo con los códigos penales locales.
La estadística no se construye con sentencias, sino con carpetas de investigación abiertas, lo que significa que refleja la etapa inicial del proceso penal. Cuando la fiscalía no reporta con el nivel de detalle previsto o cuando la conducta no se ajusta a los catálogos definidos, el registro termina en "otros". Así, la calidad final del dato depende directamente de la precisión en la tipificación y captura de información en el ámbito estatal.
Pese a esto la cantidad de delitos clasificados como "otros" en San Luis Potosí ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años. De 6 mil 542 casos en 2022 se pasó a 6 mil 511 en 2023, una disminución de 31 asuntos que equivale a 0.47 por ciento. El ajuste más significativo ocurrió de 2023 a 2024, cuando los registros bajaron de 6 mil 511 a 5 mil 223, es decir, 1 mil 288 casos menos, lo que representa una reducción de 19.78 por ciento. Para 2025 la baja continuó, aunque de forma más moderada, al pasar de 5 mil 223 a 5 mil 033 delitos, una disminución de 190 casos equivalente a 3.73 por ciento. En conjunto, se observa una reducción acumulada relevante desde 2023, con una desaceleración en el ritmo de disminución hacia 2025.
Sin embargo a pesar de este panorama el debate sobre el crecimiento de estas categorías genéricas ha sido planteado a nivel nacional por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). En su informe "Final de sexenio", el organismo advirtió aumentos considerables en los rubros "otros" al cierre de la administración federal de Andrés Manuel Lopez Obrador: 175 por ciento en delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, 94 por ciento en los que afectan la vida e integridad corporal y 54 por ciento en los que atentan contra la libertad personal.
Además, el ONC ha señalado la posibilidad de un subregistro significativo en delitos graves, particularmente homicidios, derivado de muertes violentas no investigadas adecuadamente o no reclasificadas.
Subregistro
Aunque ese señalamiento es de alcance federal, los datos de San Luis Potosí encajan en la preocupación más amplia sobre la calidad del registro. Cuando casi la totalidad de un rubro , como ocurre con los delitos contra la libertad personal, se concentra en una etiqueta genérica, la estadística pierde capacidad explicativa. No se trata únicamente de un asunto técnico, sino de un elemento central para el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos y la rendición de cuentas.
Entre 2022 y enero de 2026, el estado acumuló más de 240 mil carpetas de investigación. Dentro de ese universo, casi 24 mil quedaron bajo categorías amplias. El dato duro es contundente: una décima parte de la incidencia delictiva registrada oficialmente en San Luis Potosí no está plenamente desagregada. En ciertos rubros, como el de libertad personal, la falta de detalle es casi absoluta. La estadística existe y es pública, pero en segmentos clave ofrece más volumen que precisión. Y en materia de seguridad, la precisión no es un lujo metodológico: es la base para entender qué ocurre realmente y cómo enfrentarlo.