En la problemática ambiental que generan los hornos ladrilleros no se vislumbra una solución a corto plazo, ya que ha fallado la corresponsabilidad de diferentes actores involucrados, como son los ayuntamientos, los constructores, los compradores de vivienda y los productores de ladrillo, lamentó la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvette Salazar Torres.
Legalmente, dijo, desde hace dos años se trabaja con instancias de derechos humanos, “porque nos movemos en una línea muy delgada entre los temas de protección al medio ambiente, que de por sí son complejos, y los temas del derecho al trabajo de grupos sociales que son vulnerables económicamente hablando y que llevan más de 30 años realizando esta actividad y que se vieron alcanzados por la ciudad debido a la mala planeación urbana”.
Por desgracia, criticó, los cabildos siguen autorizando fraccionamientos, escuelas y hasta centros de salud colindantes con las zonas ladrilleras sin que les importe que en ello lleven una responsabilidad ante la Ley de Asentamientos Humanos y otras regulaciones de carácter federal.
Al constructor, por otro lado, no le importa: Él compra barato y vende. Y al ciudadano, le toca ser más consciente de en dónde está invirtiendo su dinero, comprar en donde no haya contaminación por ladrilleras, basureros o zonas industriales cercanas.
Aclaró que la Segam actúa contra las ladrilleras por oficio y por denuncia. Cuando se detecta una quema de plásticos o residuos industriales no peligrosos, en ese mismo momento podemos asegurar esos materiales y disminuir el grado de riesgo para la población, pero la suspensión o derribo inmediato del horno ladrillero, le toca al Ayuntamiento en caso de que no exista licencia de uso de suelo.
Por desgracia, concluyó la funcionaria, la coordinación con el municipio de la capital funcionó durante la pasada administración, pero con la actual, solamente al inicio: “De dos años a la fecha, dijeron que ellos trabajarían solos, lo cual nos debilita a ambas instancias”.