Si las carpetas de investigación de tortura no llevan ante un juez es porque no se acreditó la comisión del delito, dijo María Manuela García Cásarez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Bueno, si no se judicializan es porque no hubo tortura, de acuerdo a los dictámenes periciales. Se inician, pero se determina que no hay delito”, sostuvo.
En días pasados, un reporte del Observatorio Contra la
Tortura, reveló que hasta 2023, de las 66 investigaciones abiertas por casos por ese delito en el estado de San Luis Potosí, no se registró ningún asunto judicializado.
La fiscal general explicó que cuando los denunciantes alegan haber sido torturados, el Ministerio Público o el juez de Control están obligados a iniciar un procedimiento para aplicar el Protocolo de Estambul, que evalúa las afectaciones derivadas de casos de tortura.
Explicó que se inicia la indagatoria donde se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, se hacen pruebas psicológicas y dictámenes periciales, a fin de acreditar que efectivamente la persona denunciante sufrió dicho tipo de trato degradante.
“Muchas de las veces sí nos encontramos que son personas que lo argumentan, pero habrá qué probarlo”, complementó.
Además de puntualizar que dicha cifra corresponde a un acumulado de denuncias, Manuela García precisó que no todas las averiguaciones están concluidas.
, por lo cual, el Ministerio Público continúa en las tareas de investigación.