Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que los cuantiosos pagos por litigios laborales perdidos, aunque están contemplados en alguna partida del Congreso local, la suma total rebasa las previsiones, lo que implica un “descalabro financiero” para las finanzas legislativas.
En entrevista, la congresista indicó que el área jurídica del Legislativo analiza los laudos de dos asesores despedidos en legislaturas anteriores, a fin analizar las implicaciones y su cumplimiento.
Este fin de semana, se informó que tribunales federales les dieron la razón a los trabajadores, quienes se quejaron que el Legislativo les pagaba un salario determinado en tabulador pero en realidad ellos recibieron menos, y pretendieron categorizarlos como “de confianza” para eludir compensaciones.
Flores Almazán dijo que los coordinadores parlamentarios de la Jucopo ya tienen conocimiento de la situación, y la Coordinación Jurídica se encuentra evaluando el contenido de las resoluciones, en aras de conocer específicamente la ejecutoria.
La diputada externó que la intención es atender los casos, porque no se pretende dejar o heredar problemas a la actual o a las futuras administraciones, ni laudos laborales millonarios.
Sin embargo, admitió que la cobertura de ese tipo de pagos implica un “descalabro financiero”, porque, aunque se prevé una partida para tales casos, una vez que se suman los acumulados significan montos millonarios que orillan a una readministración y reprogramación para cubrirlos.
“Desafortunadamente recibimos esos pendientes de legislaturas anteriores, y pues obvio, son casos que no se les dio la atención y la importancia necesaria”, concluyó.