La posibilidad de retener prerrogativas a partidos políticos que incumplan con sus obligaciones de transparencia, encontró respaldo desde la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, en un contexto marcado por casos de opacidad total pese al ejercicio de financiamiento público.
La vicepresidenta de esa comisión, la diputada local Sara Rocha Medina, sostuvo que transparentar el destino del recurso no es opcional para los institutos políticos, al tratarse de dinero público. Señaló que los incumplimientos sostenidos reflejan resistencia a exhibir, en qué se está gastando el financiamiento que reciben.
El planteamiento abre la puerta a que la autoridad electoral, particularmente el Instituto Nacional Electoral (INE), avance hacia sanciones con impacto presupuestal cuando persista la negativa a rendir cuentas, de modo que la opacidad no se limite a observaciones administrativas o multas menores sin efecto real sobre la conducta de los partidos.
La discusión cobra relevancia en San Luis Potosí, donde para 2026 fue aprobada una bolsa superior a 174 millones de pesos para financiamiento de partidos políticos. En paralelo, el Partido del Trabajo registró durante 2025 un cumplimiento de cero por ciento en transparencia, situación que derivó en sanciones económicas y en la apertura de un procedimiento de verificación por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (Cegaip).