El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas clave al artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer los requisitos para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana. Las fracciones IX y X del artículo 17 fueron modificadas y se añadió una fracción XI, introduciendo medidas más estrictas para prevenir la participación de personas con antecedentes de violencia o deudas alimentarias en el comité.
Estas reformas estipulan que los candidatos al Comité de Participación Ciudadana no deben tener sentencias firmes por delitos graves, como aquellos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, o por violencia familiar y doméstica. Asimismo, se excluyen a quienes hayan cometido violencia política contra las mujeres en razón de género o sean deudores alimentarios morosos.
La violencia contra las mujeres en México es una problemática creciente y preocupante, con una brutalidad alarmante. Es especialmente preocupante cuando esta violencia es perpetrada por funcionarios públicos o representantes políticos, quienes deberían ser los primeros en erradicar estas conductas inaceptables. Las nuevas reformas buscan alinearse con la "Ley 3 de 3 contra la violencia a las mujeres", que tiene como finalidad prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género.
La reforma establece claramente que para ser parte del Comité de Participación Ciudadana, no se debe estar bajo los siguientes supuestos:
Tener una sentencia condenatoria firme por violencia familiar o delitos contra las mujeres por razón de género.
Contar con sentencia condenatoria firme por delitos contra la libertad sexual, seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
Estar registrado en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, a menos que se demuestre el pago completo de los adeudos alimenticios.
Con estas medidas, el Congreso del Estado de San Luis Potosí da un paso significativo hacia la protección de los derechos de las mujeres y la promoción de una cultura de respeto y seguridad, asegurando que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sean personas con un historial intachable en términos de violencia y responsabilidad familiar.