Con 419 nuevos diagnósticos de VIH registrados en 2024, la cifra más alta de la historia reciente en San Luis Potosí, el Congreso del Estado recibió una iniciativa para crear una ley especializada en prevención y atención integral del virus y las infecciones de transmisión sexual (ITS), con la que se busca establecer una política pública enfocada en la detección oportuna, el acceso al tratamiento y la reducción de la discriminación hacia las personas que viven con estas condiciones.
Iniciativa para ley integral de VIH en San Luis Potosí
La iniciativa fue presentada por la diputada local Frinné Azuara Yarzábal, quien propone expedir la Ley para la Prevención Combinada y Atención Integral del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual del Estado. El proyecto establece el acceso gratuito a pruebas de detección, tratamiento antirretroviral, atención psicológica y acompañamiento social, además de incorporar estrategias de prevención basadas en evidencia científica, campañas permanentes de detección y acciones de educación sexual integral.
Datos epidemiológicos y medidas propuestas
La propuesta se sustenta en el comportamiento epidemiológico del VIH en la entidad. De acuerdo con los datos citados en la iniciativa, entre 2014 y 2025 se notificaron 3 mil 505 casos, equivalentes al 1.9 por ciento del total nacional. Durante 2025 se registraron 354 nuevos diagnósticos; alrededor del 85 por ciento corresponde a hombres, más del 95 por ciento de las infecciones está relacionado con la transmisión sexual y cerca de tres de cada diez personas continúan siendo diagnosticadas en etapas avanzadas de la infección, pese a que ese año se realizaron más de 15 mil pruebas de detección.
Entre los cambios que plantea la legislación destaca el reconocimiento del principio Indetectable = Intransmisible (I=I), mediante el cual el Estado asumiría como criterio oficial la evidencia científica que establece que una persona con VIH que mantiene tratamiento antirretroviral efectivo y una carga viral sostenidamente indetectable no transmite el virus por vía sexual. Asimismo, propone crear Centros Especializados de Atención Integral para VIH e ITS, así como un Consejo Estatal y un Observatorio Ciudadano para evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas en la materia.
El proyecto también prohíbe exigir pruebas de VIH como requisito para acceder o permanecer en un empleo, ingresar a instituciones educativas, ocupar cargos públicos o participar en programas sociales. Además, contempla medidas para garantizar el abasto de medicamentos, fortalecer la capacitación del personal de salud, ampliar la cobertura de los servicios mediante telemedicina y destinar recursos para la implementación gradual de la nueva legislación, la cual deberá ser analizada por las comisiones del Congreso antes de ser sometida a votación en el Pleno.