Trabajadores en el estado mantienen labores sin contrato, sin acceso a seguridad social y bajo condiciones de maltrato y discriminación, particularmente en centros de trabajo operados por empleadores extranjeros. Esta problemática, documentada en distintos sectores económicos, fue llevada al Congreso del Estado a través de la iniciativa ciudadana conocida como “Ley Yùlì”.
La propuesta se construyó a partir de experiencias reales registradas en áreas como comercio, importadoras, tiendas de tecnología, restaurantes y cadenas comerciales, donde además de la ausencia de afiliación al IMSS y de contratos formales, se han identificado barreras de idioma que ponen en riesgo la seguridad y la dignidad de las personas trabajadoras.
La iniciativa, promovida por la ciudadana Julieta Terán, se integra por siete planteamientos legislativos específicos. Entre los principales se encuentran la obligación de que toda comunicación laboral se realice en idioma español y la afiliación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el primer día de trabajo, sin excepciones.
Durante la presentación del documento ante el Poder Legislativo, Terán señaló que la propuesta no se dirige contra la inversión extranjera, sino que plantea el cumplimiento de la legislación mexicana, los derechos humanos y las condiciones mínimas de seguridad laboral. “En México nadie debería trabajar adivinando órdenes, sin seguro social o bajo discriminación. La dignidad laboral no es negociable”, afirmó.
La iniciativa fue ingresada ante las instancias correspondientes del Congreso del Estado para su análisis, en un contexto donde las prácticas laborales irregulares, especialmente en espacios operados por empleadores extranjeros, continúan siendo señaladas como una problemática persistente de distintos sectores productivos.