La decisión que permitió al presunto responsable del asesinato de dos perros en Soledad enfrentar su proceso penal en libertad provocó un nuevo choque entre colectivos animalistas y la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que la organización Huella Amiga acusó a la institución de no combatir con la firmeza necesaria el amparo promovido por la defensa del imputado.
A través de un pronunciamiento público, el colectivo sostuvo que la actuación de la Fiscalía fue insuficiente frente a la gravedad de los hechos y advirtió que mantener en libertad a una persona señalada por utilizar un mecanismo de agresión de alta peligrosidad contra dos animales envía una señal equivocada sobre la forma en que se castiga la violencia contra los seres sintientes en San Luis Potosí.
La organización afirmó que la autoridad ministerial debió argumentar con mayor contundencia el riesgo social que representa el caso, al considerar que una conducta de esta naturaleza no sólo afecta a las víctimas directas, sino que también genera preocupación sobre la seguridad de quienes conviven en el mismo entorno. A su juicio, una respuesta institucional débil reduce la gravedad de los hechos y minimiza el impacto de la crueldad animal en la sociedad.
Huella Amiga también señaló que las agresiones cometidas contra ambos perros ocurrieron de manera sucesiva e independiente, por lo que cada una de las conductas debe ser investigada y sancionada conforme a su propia gravedad. Además, rechazó que la edad o posibles condiciones de salud mental del imputado sean utilizadas para disminuir su responsabilidad sin la existencia de peritajes oficiales que sustenten tales argumentos.
El colectivo advirtió que el caso podría convertirse en un precedente negativo para el combate al maltrato animal si las instituciones no actúan con mayor firmeza. Por ello, exigió a la Fiscalía sustentar la investigación con determinaciones en evidencia científica, al Poder Judicial considerar la gravedad de los hechos al resolver el proceso y al Congreso del Estado avanzar en reformas que fortalezcan la protección animal, al considerar que casos como éste evidencian la necesidad de aprobar la denominada Ley Hope.