El 2018 resultó un año tan inseguro en San Luis Potosí… que hasta los mismos policías resultaron víctimas recurrentes.
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No debe dar ninguna tranquilidad que el año recién terminado, el estado se ubique en el infame “top ten” de estados con mayor número de policías blanco de asesinatos.
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Con once muertes de agentes de distintas corporaciones, el estado se ubicó en el décimo sitio. Destaca el hecho de que cinco de ellos cayeron en dos emboscadas, una en una céntrica zona capitalina que aniquiló a tres agentes ministeriales, y la otra, en Ciudad Fernández, que acabó con la vida de dos policías municipales.
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Ese fue el signo de los asesinatos de policías potosinos en 2018: sorprendidos, sin tener oportunidad de defenderse. Sólo el caso del agente muerto en el frustrado asalto a una financiera en la capital ocurrió en un enfrentamiento.
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Así las cosas, el reporte de la organización Causa en Común muestra una realidad alarmante, otra más, lamentablemente, de la inseguridad en el estado.
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El cuestionamiento natural sobre esta situación es si se logró hacer justicia para los policías victimados y para sus familias.
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Risible es la explicación que dio el diputado Ricardo Villarreal Loo, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, sobre la publicación ilegible del proyecto de presupuesto de egresos de 2019, específicamente, las secciones con los tabuladores salariales del Congreso y casi todas las dependencias estatales.
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Señala el legislador que los diputados saben lo que aprobaron pues no tuvieron que consultar documentos mañosamente ilegibles. La respuesta al cuestionamiento resalta la inequidad que privilegia a los legisladores por encima de la ciudadanía.
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Si fue así, sólo los diputados saben qué aprobaron. La promesa de que verificarán los documentos para que sean legibles para todos está escrita en el aire. Desde que se diseñó el presupuesto del propio Congreso, los legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política prometieron que revelarían y conocer la información completa del desglose del presupuesto legislativo, concretamente, los datos referentes a la nómina.
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Los legisladores nunca cumplieron. Lo más probable es que tampoco lo hagan esta vez.
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Proponer regular las corridas de toros y las peleas de gallos en el estado, buscando eliminar los daños a los animales, es una causa atractiva y polémica, que garantiza reflectores.
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El diputado local de Morena, Pedro Carrizales, se embarcó en esa cruzada. Y si bien el tema es importante, cabe preguntar si no hay causas más relevantes a las qué dedicar la atención.
¡HASTA MAÑANA!