La tarea interminable de combatir la corrupción, perdió una de sus piezas clave la semana que concluyó y a pocos parece haberles importado. Es una de las áreas de trabajo más descuidadas en forma deliberada y disque subliminal por las instituciones públicas, desde los poderes del Estado hasta los representantes ciudadanos y los organismos públicos autónomos.
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En el caso del Poder Legislativo, se vio venir desde un principio del desinterés legislaturas de ecuaciones corruptas, poco interesadas en temas de corrupción por circunstancias y reflejadas más tarde en videoescándalos. En el caso del gobierno estatal, permaneció atorado por carencia de presupuesto en primera instancia para conformar la Fiscalía General del Estado y todo el sistema de justicia penal autónomo, y aún hasta esta fecha por falta de dinero para adoptar espacios propios al organismo público anticorrupción.
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Para el ahora ex titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, percibir un sueldo era lo de menos. Ninguna instancia fue capaz de convencer al Congreso del Estado, para resolver el presupuesto suficiente que pudiera refrescar a la fiscalía anticorrupción. No podía contratar personal operativo suficiente ni tampoco los impopulares peritos que pudieran comprobar, por ejemplo, malversación de fondos públicos por parte de diputados.
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A sabiendas de que algún día pudieran ser perseguidos, algunos responsables de la toma de decisiones tomaron la determinación de abandonar a su suerte a la fiscalía especializada anticorrupción, y materialmente estrangular las funciones del fiscal principal en la materia. Jorge Vera por igual traía “con un pie en el cuello” a agentes de Ministerio Público para desahogar asuntos de corrupción institucional, que padeció una y otra vez la humillación de deambular por instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo, cuando menos para conseguir un inmueble propio.
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La renuncia de la principal cabeza del combate a la corrupción surge justo cuando parecen haberse estabilizado tanto la integración del comité ciudadano como la incorporación de los integrantes del comité de selección de ese Comité Ciudadano. Es poco creíble que el funcionario hubiera abandonado el cargo por motivos personales o cualesquiera otros no imputables al abandono institucional de esa fiscalía.
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En otro aspecto, la presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Olga Regina García López ya hizo sus cuentas, y faltan jueces para desahogar con mayor prontitud los casos que le turna cualquiera de las instancias ministeriales del sistema penal. El proyecto para implementación y transición del sistema tradicional al sistema acusatorio, involucraba tribunales de juicio oral para tres jueces y se quedaron con tribunales unitarios precisamente por falta de presupuesto.
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Lo que urge en la administración pública es una rigurosa revisión al presupuesto, puesto que el juicio y sentencia definitiva del delito sufren por procedimientos de asignación presupuestal elaborados en forma o no queremos pensar que deliberada, sin dinero suficiente para el desahogo de las tareas en forma oportuna y sin riesgo de que los casos prescriban, en la era de los muy altos niveles de impunidad.
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¡HASTA LA PRÓXIMA!