Ante la posible propuesta del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para que los perfiles que aspiren a un cargo de elección popular, particularmente a las alcaldías, sean sometidos a exámenes toxicológicos, de control y de confianza, diputados locales de oposición fijaron postura y abrieron el debate sobre la viabilidad legal de la medida en San Luis Potosí.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, consideró que, aunque la intención de la propuesta no es negativa, la vía planteada no es la correcta desde el punto de vista jurídico. Señaló que garantizar que quienes participen en procesos electorales no tengan vínculos con la delincuencia organizada es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia.
No obstante, recordó que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que, para acceder a un cargo como servidor público, no se puede obligar a las personas a someterse a exámenes de control y confianza, ya que éstos son medidas preventivas diseñadas para ámbitos de seguridad pública y no para procesos electorales.
Guajardo Barrera subrayó que la propuesta del Ejecutivo estatal abre un debate relevante en el contexto de una eventual reforma electoral, de cara al proceso de 2027, aunque insistió en que se deben explorar otras alternativas legales que permitan blindar las elecciones y garantizar perfiles confiables sin vulnerar derechos constitucionales.
Por su parte, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, se pronunció a favor de analizar la viabilidad de la iniciativa, al considerar que es positivo contar con candidatos previamente evaluados, no sólo en el ámbito moral, sino también en temas de control, confianza y consumo de sustancias.
La legisladora priista enfatizó que, en ningún partido político, y particularmente en el PRI, se debe permitir la llegada de personas desconocidas o vinculadas con prácticas ajenas a la política y al servicio público, por lo que estimó necesario evitar candidaturas relacionadas con asuntos que perjudiquen a la ciudadanía.
Finalmente, Rocha Medina coincidió en que la posible propuesta del Ejecutivo estatal debe ser analizada a fondo, con el fin de garantizar que quienes busquen un cargo de elección popular cuenten con perfiles adecuados y contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales.