Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que marcharon este miércoles por un caso de presunto abuso sexual que involucra a un docente, entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias y éstas a su vez ofrecieron que, en un plazo de 15 días, habrá decisiones sobre el tema.
Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general de la UASLP, reconoció que a los estudiantes les asiste el derecho pleno de manifestación y aseguró que la Universidad dará cauce legal al caso, conforme a los procedimientos establecidos en el contrato colectivo de trabajo.
Explicó que la Defensoría de Derechos Universitarios deberá reunir los elementos suficientes en un expediente para que éste sea turnado a la Oficina de la Abogacía General, donde se realizará el análisis jurídico-laboral correspondiente.
Este proceso se desarrollará en un plazo aproximado de 15 días, periodo durante, el cual, se cumplirán las etapas legales necesarias para determinar, con base en derecho, lo que proceda.
La abogada reiteró que la Institución actuará "de manera diligente, pronta y conforme a derecho, sin omitir ninguna de las garantías que protegen tanto a la presunta víctima como a la persona señalada".
Recordó que la Defensoría de Derechos Universitarios ha emitido medidas precautorias para garantizar que no exista contacto entre las partes involucradas.
La abogada general aseguró que los protocolos internos para combatir y prevenir el acoso y hostigamiento no han dejado de funcionar y destacó que la Universidad cuenta con un modelo de atención integral centrado en las víctimas que incluye acompañamiento psicológico y asesoría jurídica durante todo el proceso.
Subrayó, también, que una sola denuncia es suficiente para que la institución inicie las acciones correspondientes, sin requerir la acumulación de casos.
En el encuentro y diálogo con las y los estudiantes de Economía participaron el secretario general de la UASLP, Federico Arturo Garza Herrera; la directora de la Facultad, María Isabel Graciela Vélez Dávila; la abogada general Urenda Queletzú Navarro Sánchez y personal de la Defensoría de Derechos Universitarios.