Una mujer acusada de narcomenudista, residente de San Luis Potosí, fue torturada por seis elementos de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de Marina (Semar), y abusada sexualmente por uno de ellos; la amenazaron con “cocinarla”, reveló una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el expediente de queja CNDH/5/2016/5974/Q, la víctima detalló que el 3 de septiembre de 2013 a las 3:00 horas, escuchó un fuerte ruido como si estuvieran tumbando las puertas de la casa y rompieron vidrios, rápidamente encendió la luz y observó a un hombre encapuchado que apuntó con un arma larga a la cabeza, acompañado de otras personas.
Narró que comenzaron a darle puñetazos en la cara a la altura de la nariz y varias cachetadas, esto frente a sus hijos que se encontraban con ella llorando y su madre, ubicada en otra habitación.
Posteriormente, la sacaron a la cochera en donde la interrogaron, amenazaron con matarla, le golpearon la cabeza y mejillas, además de colocarle una toalla sanitaria en los ojos, la vendaron, le amarraron las manos hacia atrás con una venda, y después de unos minutos se la llevaron en un vehículo.
Refirió que luego de ser trasladada en un helicóptero a un sitio que desconocía, fue interrogada sobre secuestros, armas, dinero y diversas personas que desconocía, al tiempo que le cubrieron los ojos nuevamente y colocaron una bolsa de plástico en el cuello, en tres o cuatro ocasiones.
Mientras la fémina denunció lo anterior, los marinos y federales afirmaron en sus informes, que ingresaron a la casa, donde la acusada “se encontraba empuñando con ambas manos un arma de fuego larga y dirigiéndola hacia nosotros”, por lo cual, le pidieron que la dejara en el suelo, lográndolo para luego asegurarla.
Los agentes federales y los marinos la pusieron a disposición, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, así como contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
La indagatoria del organismo autónomo local, detalló que la supuesta criminal fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal donde se integró una averiguación previa, que posteriormente fue consignada, en la que se determinó su libertad, después de dos años, siete meses y veintitrés días de prisión.
“Se cuenta con evidencias suficientes para acreditar que (…) elementos de la CNS (Policías Federales) y de la Semar ingresaron de manera ilegal al domicilio, sin contar con mandato expedido por autoridad competente y sin encontrarse en un supuesto de flagrancia como adujeron en su informe”, concluyó la Recomendación.
Según el Dictamen Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura o Maltrato de Peritos Médicos Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, se encontró concordancia entre las fuentes de información y las alegaciones de tortura y malos tratos psicológicos hechas por la afectada.
La víctima presentó denuncia penal contra los marinos y federales, logrando que el 1 de marzo de 2018 se girara orden de aprehensión por la probable comisión del delito de tortura en contra de dos oficiales, que a la fecha no han sido cumplimentadas, debido a que se encuentra pendiente de resolución el Juicio de Amparo promovido por los dos agentes en contra de la citada orden.
Derivado de estos hechos, la CNDH emitió la Recomendación 48/2018, dirigida al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Por lo anterior, la CNDH recomendó a la Semar y a la CNS: reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas; otorgarles la atención médica y psicológica necesarias; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la causa penal instruida contra el personal involucrado en los hechos; colaborar en el procedimiento administrativo hacia los funcionarios; y diseñar protocolos de actuación para prevenir la comisión de actos de tortura cuando se lleven a cabo detenciones de personas.