A más de un año de recibir acoso laboral constante de dos de sus colegas, una médica gineco-obstetra del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del IMSS, denuncia que la delegación estatal no ha sancionado los abusos cometidos por los doctores, pese a existir pruebas documentadas y fehacientes de la violencia de género.
En entrevista, la médica especialista, quien solicitó resguardar sus datos personales para evitar represalias, describió que las molestias atribuidas a los gineco-obstetras Javier N. y Juan Rubén N. comenzaron en febrero del 2025 cuando denostaron y se burlaron de su función médica y manejo con las pacientes.
Expuso que, mediante un chat laboral de dicha especialidad del turno vespertino, donde se comparte información clínica de pacientes o debates clínicos, los doctores iniciaron con la serie de pronunciamientos hostigadores durante alrededor de los siguientes cuatro meses.
Entre otras cuestiones, Javier N. y Juan Rubén N. minimizaron el hecho de que a su colega se le haya considerado para ostentar una jefatura de gineco-obstetricia, ponerle apodos y burlarse sobre entregar cierto número de altas, todo ello con la permisividad de dos jefas integrantes del chat.
"Las omisiones por supuesto que le han cometido todos los directivos y administrativos; las omisiones para no detenerlos, pero el problema de fondo es son compañeros de mi misma jerarquía", externó.
Relató que meses después de solicitar medidas de protección al Centro de Justicia para las Mujeres, un juzgado especializado le requirió a la jefa inmediata facilitar un informe de acciones para evitar la agresión en su centro laboral, con lo cual cesó el hostigamiento, pero las medidas nunca se ejecutaron.
Aunado a ello, en el Departamento Jurídico del IMSS se inició un procedimiento de administración con todas las pruebas recopiladas, sin embargo, quedó archivado porque la doctora recurrió a la sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Lamentó que, aunque acudió a la sede central del SNTSS, al final decidió que la sede seccional resolvería el asunto, cuya resolución decidió suspender 30 días los derechos sindicales de uno de los agresores, sin embargo, a días del fallo le otorgó un curso de adiestramiento, que es una prestación sindical.
"En el momento en que ellos se enteran que el jurídico archiva la investigación, vuelven a agredirme, vuelven a burlarse de mí. Vuelven a violentarme y decirme que soy una urraca anciana que no sabe hacer los procesos, que cómo creo que van a lleva un proceso de investigación en base a un chisme que yo inventé", remató.