Para adquirir botellas de agua de 7.50 pesos y construir las Unidades Centinela de todo el estado para albergar a los pacientes de Covid, por lo que pagó más de medio millón de pesos, los Servicios de Salud en el Estado utilizaron a un solo proveedor, el particular Mauricio Ayala Gallegos, al que adjudicó de manera directa un contrato de “servicios integrales” por hasta 20 millones de pesos.
El contrato establece términos que contrariarían el principio de eficiencia en el gasto establecido en la Constitución estatal, pues implicó pagar cantidades mucho más altas por bienes que no hubieran sido tan altas en caso de que se hubiesen adquirido directamente.
Por ejemplo, el contrato preveía el pago diario del servicio de proyector por mil 800 pesos durante 45 días, lo que implicó un costo de 81 mil pesos; o la renta de cuatro pantallas planas de 55 pulgadas con base de altura, a un costo diario de siete mil pesos, por los que se erogaron 315 mil pesos.
En ambos casos, adquirir directamente los artículos hubiera sido más económico. El artículo 135 de la Constitución establece que “los recursos económicos de que dispongan los poderes del Estado, sus entidades descentralizadas, los organismos constitucionales autónomos, y los ayuntamientos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Ese mismo convenio, cuya copia tiene este medio, incluyó la realización de las conferencias de prensa cotidianas mediante las cuales Mónica Rangel Martínez, exsecretaria de Salud, y luego su sucesor, Miguel Ángel Lutzow Steiner, han informado diariamente desde el 13 de marzo pasado.
El proveedor Ayala Gallegos se encargó del mobiliario y equipamiento necesarios para ese evento, además del requerido en las sesiones diarias del Consejo Estatal de Seguridad en Salud.
El convenio, firmado el mismo día en que se detectó el primer caso de Covid en San Luis, 13 de marzo, concluyó el 31 de diciembre de 2020. En esas fechas, resultaba incierta la duración de la pandemia, e incluso se estimaba que la pandemia duraría hasta mediados de ese año.
Pero el contrato referido preveía su duración hasta fines de 2020.