La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Tránsito para permitir que algunas multas puedan sustituirse por trabajo a favor de la comunidad.
El dictamen plantea que la persona infractora pueda solicitar a la autoridad competente el cambio de la sanción económica por actividades comunitarias, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y que la autoridad autorice la sustitución.
De acuerdo con la propuesta, el trabajo a favor de la comunidad podrá consistir en labores de limpieza, mantenimiento, pintura o restauración de bienes de dominio público.
También se contempla que, de acuerdo con los conocimientos y experiencia de la persona infractora, la sanción pueda cumplirse mediante pláticas sobre cultura cívica u otras actividades similares que determine la autoridad competente.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la comisión legislativa, señaló que la medida busca incorporar una forma alternativa de reparación del daño frente a ciertas faltas administrativas, en lugar de limitar la sanción al pago económico.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Jacquelinn Jáuregui y establece que el trabajo comunitario deberá aplicarse bajo principios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación.
Aplicación y límites del trabajo comunitario
En el caso del municipio de San Luis Potosí ya existe un modelo análogo bajo el esquema de Justicia Cívica y el Bando de Policía y Gobierno, relacionado con el cumplimiento de medidas por faltas administrativas; sin embargo, la reforma aprobada en comisión busca incorporar esta posibilidad de manera expresa en la Ley de Tránsito del Estado.
El dictamen fija como límite máximo 36 horas de trabajo a favor de la comunidad. En caso de que la persona infractora no cumpla total o parcialmente con las actividades autorizadas, la multa quedará firme.
La reforma todavía no entra en vigor, pues el dictamen aprobado en comisión será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación.