En el 2024 deben de existir recursos para la entrada y operatividad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad, pues los artículos transitorios del mismo mandatan que a más tardar el 1 de abril del 2027 debe implementarse, advirtió María Manuela García Cázares, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Recientemente, la magistrada informó que, para el presupuesto 2024 solicitó un incremento de 300 millones de pesos, de los cuales 80 millones de pesos corresponden a dicha implementación.
Dijo que los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) ha sostenido con la Cámara de Diputados, a fin de convencerlos que es indispensable la aportación de los recursos federales para un correcto establecimiento.
"En la materia penal cuando se implementó el sistema penal acusatorio, sí hubo un apoyo de la Federación para los estados. Entonces obviamente que, para el estado sería una carga importante el que ellos aportaran la totalidad de los recursos cuando no se tiene apoyo de la Federación", subrayó.
García Cázares describió que el financiamiento es indispensable, pues se requiere de construcción de infraestructura, capacitación al personal, adquisición de tecnología, dado que entra la oralidad como sucede en la materia penal.
"Nosotros esperábamos que, al publicarse el Código, la Federación apoyaría a los estados porque una reforma de tal magnitud, pues se requerirían muchos recursos de los estados que la mayoría, los tribunales coincidimos, en que los estados no tendrían la capacidad de absorber la totalidad de los recursos de la implementación", declaró.