La negativa de la alcaldía capitalina de aceptar una recomendación de la CEDH y retrasar la creación de la unidad de asuntos indígenas, evidencia mal asesoramiento del Indepi, incluso cierto desprecio, discriminación y racismo político para incorporar a ese grupo poblacional, valoró Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico del Posgrado en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP.
Recordó que el juzgado Octavo de Distrito ordenó al ayuntamiento crear la referida área, lo cual “sería tan simple” como que el alcalde propusiera la modificación del reglamento de la alcaldía para la apertura de la misma, y de forma alterna convocar a los pueblos indígenas del padrón de comunidades.
Por lo anterior, el académico consideró que la resolución del juzgador puede haberse resuelto hace un mes si hubiera voluntad política del gobierno municipal.
Recalcó que, si al gobierno capitalino no le interesa el respeto de los derechos indígenas, se promoverán acciones “para que los respete” por la vía judicial, sino lo desea hacer mediante el simple respeto a la ley.
“Va un mes y medio, casi dos meses desde que se dictó la sentencia, especialmente la que dice que debe (el ayuntamiento capitalino) crear la unidad de asuntos indígenas y no lo ha hecho el ayuntamiento. Está haciendo lo que llamamos prácticas dilatorias”.
Para el investigador en derechos humanos, la autoridad municipal se resiste a concebir que un integrante de la comunidad indígena tenga el cargo de director municipal y que sea nombrado por ellos y no por el presidente municipal.
“Al final, le va a salir más caro (al ayuntamiento) esta negativa, esta negligencia en el cumplimiento de la sentencia y de la recomendación”, concluyó Luévano Bustamante.