Dulce María y Diana Abigail Rosales García denunciaron que la muerte de su padre, Jesús Alfonso Rosales Vázquez, pudo ser a causa de una cadena de negligencias por parte del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Jesús Alfonso contaba con 27 años de servicio, fue oficial de mantenimiento en una secundaria de Santa María del Río y murió a los 56 años tras perder su salario y servicio médico además de no recibir una pensión.
Desde 2022, su salud se fue deteriorando por diversos padecimientos como médula ósea pinzada, hipertensión, diabetes y problemas de próstata.
Aunque tenía incapacidades autorizadas, la Oficialía Mayor lo dio de baja del seguro y lo despojó de su salario en octubre de 2024.
En noviembre ingresó a la clínica del IMSS Zapata, donde contrajo una bacteria. Sin seguro vigente, no recibió tratamiento ni medicamentos.
En enero de 2025, su hija acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que intervino para que le reactivaran el servicio médico. Sin embargo, el deterioro ya era grave.
Mencionan que sólo recibió una quincena y luego volvió a quedar sin pago. La familia costeó traslados, sondas y atención domiciliaria.
Intentaron ingresarlo a IMSS-Bienestar, pero fue rechazado. Tampoco se le otorgó el programa ADEC, a pesar de que estaba postrado y con úlceras.
Rosales falleció en febrero tras ser operado en un hospital de Soledad. El acta de defunción indica sepsis generalizada. La familia acusa al IMSS de conocer la presencia de la bacteria desde noviembre y no actuar. La Oficialía apenas revisará su pensión.