Desde la administración estatal no existen prácticas de intimidación contra la ciudadanía, porque "el estado no persigue", aseveró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaria General del Gobierno del Estado.
Declaró lo anterior ante la reciente acusación Juan Ramón Infante, vicepresidente de Coparmex en Matehuala y padre de uno de los jóvenes muertos en el caso Rich, quien acusó intimidación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) por inspecciones a dos de sus empresas.
En entrevista, el funcionario estatal dijo desconocer de dónde o que haya motivado la postura emitida por el padre de la víctima ante los medios de información.
"No sé de dónde haya nacido o que solo en su imaginación existe. Nosotros (como Gobierno del Estado) no nos ocupamos de eso", remató Torres Sánchez.