Se inician carpetas de investigación por el delito de aborto en la entidad, sin embargo, solo llegan a la integración porque no pueden judicializarse, reveló María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ello, luego de que hace unos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional privar de la libertad a las mujeres que deciden abortar hasta antes de las 12 semanas de gestación, subrayó.
García Cázares comentó que en estos momentos el Congreso del Estado tiene la facultad de despenalizar la interrupción del embarazo, que actualmente es sancionado con una penalidad de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 de unidades de medida y actualización (UMA), equivalente de 10 mil 857 a 32 mil 571 pesos.
Explicó que cuando la FGE tiene conocimiento de un aborto intencional, porque el espontaneo no es ilícito, inicia la indagatoria y se recaban indicios hasta llegar a la integración, pero por inconstitucionalidad de la persecución penal, ya no se prosigue con la judicialización.
“Habrá que esperar de qué manera se va a pronunciar el Congreso del Estado. Si lo va a tipificar como delito el aborto, y a partir de entonces habríamos de tomar la determinación”, expuso.