El acceso a recursos públicos para la asistencia social en San Luis Potosí se volvió más restrictivo. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estableció nuevas reglas que condicionan la entrega de 20 millones de pesos a organizaciones civiles, bajo criterios más estrictos de control, evaluación y comprobación del gasto.
De acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo de Asistencia Social 2026, las instituciones privadas interesadas deberán cumplir con un proceso riguroso que incluye acreditación legal, fiscal, operativa y la presentación de proyectos con impacto comprobable o, de lo contrario, quedarán fuera del financiamiento.
Uno de los puntos más relevantes es que el monto de apoyo será limitado: cada organización podrá recibir hasta 500 mil pesos, siempre sujeto a disponibilidad presupuestal y a la evaluación técnica de sus proyectos, lo que reduce el margen de acceso frente a la demanda potencial en el estado.
Además, el DIF dejó claro que los recursos no podrán utilizarse en gasto corriente ni desviarse a otros fines, y que cualquier irregularidad podría derivar en la suspensión inmediata del subsidio e incluso en sanciones por parte de órganos fiscalizadores.
El esquema también introduce un filtro adicional: las organizaciones no podrán depender en más de un 33% de estos recursos dentro de su financiamiento total, lo que obliga a diversificar sus ingresos si buscan acceder al programa.
A esto se suma un plazo reducido. Las instituciones tendrán únicamente 20 días hábiles para integrar y presentar su expediente completo tras la publicación oficial, lo que podría dejar fuera a asociaciones con menor capacidad administrativa.