El gobierno de Nuevo León revivió el proyecto para abastecer a la capital de ese estado con agua extraída de la Huasteca potosina. Así lo confirma la gestión de la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Proyecto acueducto Monterrey VI y solicitud ante Semarnat
De acuerdo al documento, cuya copia tiene este medio, el 13 de agosto pasado, el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, el organismo que abastece de agua a la capital, presentó la solicitud de autorización ambiental del proyecto Monterrey VI (Acueducto Pánuco - Cerro Prieto) a la delegación estatal de la Semarnat en Tamaulipas.
El documento, al que este medio tuvo acceso, indica que la inversión requerida es de 13 mil 643.6 millones de pesos, sin IVA.
Detalles del acueducto y recorrido
Éste consiste en la construcción de un acueducto de 390 kilómetros con capacidad de conducir cinco mil litros por segundo de agua extraída del río Pánuco, desde un punto ubicado en el municipio potosino de Ébano.
El canal atravesaría también Tamaulipas y Veracruz hasta la presa de Cerro Prieto, en Nuevo León. La duración del proyecto fue estimada en 30 años.
Las cercanías de la estación hidrométrica de Las Agujas, en el Pánuco, será el punto de origen del canal. Además de Ébano, la obra pasará por Tamuín, atravesando 26.3 kilómetros de territorio potosino.
Impacto ambiental y contexto regional
El documento justifica la extracción indicando que, según la Comisión Nacional del Agua, San Luis Potosí tiene una disponibilidad hídrica de 14,810 millones de metros cúbicos, de los cuales el 94% provienen de la región Golfo Norte.
Se argumenta que el proyecto aprovechará solo una “mínima cantidad del agua disponible en la región” y que no se contrapone al Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí.
El documento reconoce que la extracción de agua provocará una disminución del caudal en el Río Pánuco, lo cual está catalogado como un impacto ambiental negativo “Muy Significativo” durante la etapa de operación.
Entre 2022 y 2023, el gobierno neoleonés pretendía iniciar este proyecto, pero enfrentó la oposición de la administración estatal potosina. Ese rechazo provocó el abandono de la idea, pero la presentación de la solicitud indica que se reactivó.