Las lluvias atípicas, las sequías prolongadas y otros efectos del cambio climático ya no son escenarios lejanos para San Luis Potosí. Ante ese contexto, el estado estará obligado a contar con un Atlas de Riesgo, una herramienta técnica que permita identificar amenazas naturales y climáticas, así como a las zonas y poblaciones más expuestas, con el objetivo de prevenir daños antes de que ocurran.
La medida surge a partir de una reforma a la Ley de Cambio Climático, aprobada por el Congreso local en octubre pasado, la cual establece que la planeación del territorio deberá basarse en escenarios de riesgo actuales y futuros derivados del impacto climático.
Los cambios a la ley, promovidos por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, establecen que la información del Atlas de Riesgo estatal deberá armonizarse con el Atlas Nacional de Riesgo y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, para evitar que los datos sobre peligros, exposición y vulnerabilidad permanezcan aislados y, en cambio, se incorporen de manera efectiva en la toma de decisiones públicas.
El uso de estos instrumentos será obligatorio para la elaboración de programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y reglamentos de construcción, y también permitirá atender fenómenos emergentes como el desplazamiento interno de personas por causas climáticas, un problema que comienza a hacerse visible en distintas regiones del país.
Más allá del marco legal, la reforma busca evitar que obras públicas, fraccionamientos y comunidades sigan desarrollándose sin considerar riesgos que ya pueden identificarse. El Atlas de Riesgo se plantea así como una herramienta preventiva: anticipar el impacto del cambio climático para reducir pérdidas humanas, materiales y sociales.