Desde su inicio y por medio de diversos pretextos, la LXII Legislatura ha ocultado los contratos que fundan la relación laboral del Congreso con entre 130 y 140 asesores aprobados por la Junta de Coordinación Política. Tampoco ha informado sobre sus ingresos individualizados.
Lo anterior pese a que, de acuerdo a la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el Congreso está obligado a publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación”, de acuerdo a la fracción XVI del artículo 84 de la mencionada Ley.
Sin embargo, entre octubre de 2018 y mayo de este año, en lugar de los contratos, que definirían, además de las condiciones de ingreso como empleados temporales del Legislativo, las funciones y responsabilidades que desempeñarían, y sus respectivas prestaciones, aparecen diversas leyendas que justifican que la información no haya sido publicada en el portal.
Los pretextos varían
En octubre de 2018, el primer mes completo de la LXII Legislatura, se justificaba que no se publicaran ni los contratos ni los ingresos de los asesores y otros empleados debido a que los documentos estaban en proceso de digitalización.
Un mes después, en lugar de la información, aparecía la leyenda de que “los contratos no han sido remitidos a la Coordinación de Servicios Internos”.
En enero de este año, la falta de información se atribuyó a que la Jucopo aún no había autorizado la contratación de personal pagado por honorarios.
Y en los tres meses subsiguientes, de nuevo se anuncia que la Coordinación de Servicios Internos no ha recibido los documentos correspondientes.
Invariablemente, en todos los meses se hace el compromiso de publicar los documentos hasta que se reciban.
La última ocasión en que el Congreso cumplió con esta disposición fue en septiembre del año pasado, cuando la responsabilidad era de la pasada Legislatura. Entonces, el monto de los salarios pagados fue de 1.9 millones de pesos ese mes.
Aunque también hubo trampa, pues en lugar del contrato con los datos de los empleados, se publicó un machote en blanco.