En medio del avance de la violencia digital en el país, la activista Olimpia Coral Melo advirtió que en San Luis Potosí ya se han identificado al menos 200 espacios digitales donde se comercia y distribuye contenido íntimo sin consentimiento, lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que sigue creciendo ante la falta de regulación efectiva y colaboración de plataformas tecnológicas.
Durante su visita a la entidad, la impulsora de la Ley Olimpia expuso que estos "mercados de explotación sexual digital" forman parte de una red más amplia en América Latina, donde se contabilizan más de dos millones de espacios similares. En ellos, precisó, nueve de cada diez víctimas son mujeres, mientras que el 84.2 por ciento de las agresiones provienen de hombres, lo que refleja un patrón estructural de violencia de género trasladado al entorno digital.
La activista subrayó que uno de los principales obstáculos para combatir estos delitos es la falta de acceso a pruebas digitales, ya que el 70 por ciento de las víctimas que denuncian no logran avanzar en sus procesos debido a que la evidencia depende directamente de las empresas tecnológicas, las cuales —acusó— no están obligadas en México a colaborar de manera ágil con las autoridades.
Asimismo, alertó sobre el crecimiento de nuevas modalidades de violencia, como la alteración de imágenes con inteligencia artificial y la instalación de cámaras ocultas para la producción de contenido íntimo sin consentimiento, prácticas que, señaló, ya no se limitan a la difusión, sino a la generación automatizada de material sexual. "Hoy la violencia no solo se comparte, también se fabrica", advirtió.
En este contexto, Olimpia Coral hizo un llamado al Congreso del Estado para avanzar en la armonización de la Ley Olimpia, pero también a impulsar políticas públicas más amplias que incluyan educación digital, capacitación a autoridades y regulación de plataformas. Añadió que México, aunque pionero en legislación sobre violencia digital, enfrenta aún altos niveles de impunidad, por lo que insistió en que la solución no debe quedarse en el ámbito legal, sino atender las causas estructurales y tecnológicas del problema.