Colectivos llevan retraso en la "Ley Santi" al TEESLP

Exigen al Congreso local dictamen para la iniciativa sobre seguridad vial

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) comenzó a intervenir en un conflicto que enfrenta a colectivos ciudadanos con el Congreso local, tras la denuncia de una omisión legislativa en torno a la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como "Ley Santi", que permanece sin dictaminar pese a haber sido presentada desde 2024.

Cinco integrantes de colectivos de movilidad promovieron un juicio para la protección de derechos político-electorales al acusar que el Poder Legislativo ha dejado sin trámite una propuesta construida desde la ciudadanía para atender la seguridad vial en la entidad. El expediente TESLP/JDC/09/2026 fue presentado por Brenda Lois Muñoz Flores, Zeferina Catalina Torres Cuevas, Claudio Iván Alderete López, Marco Antonio Vargas Solís y Víctor Cristóbal Hernández de Torres, con representación legal de Guillermo Luévano Bustamante.

Los promoventes argumentan que la falta de acción del Congreso no solo ha frenado el análisis de la iniciativa, sino que ha cerrado el avance institucional de un modelo de movilidad orientado a la reducción de siniestros viales, motivo por el cual solicitaron ser escuchados directamente por el Tribunal en un juicio que traslada el debate del terreno legislativo al jurisdiccional.

La iniciativa, presentada en marzo de 2024, propone la creación de una Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial y fue nombrada "Ley Santi" en memoria del activista Roberto Josué Rodríguez Santiago. Su planteamiento se enmarca en la obligación establecida por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que desde 2022 exige a los estados armonizar su legislación en la materia.

Aunque en 2024 el Congreso realizó reformas de armonización, los colectivos sostienen que el cambio fue parcial y no sustituyó la creación de una ley integral, por lo que la iniciativa ciudadana continúa sin dictaminarse. Ante ese escenario, llevaron el caso al Tribunal Electoral al considerar que la omisión legislativa mantiene detenido un cambio estructural en materia de movilidad en San Luis Potosí.