El reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad sobre la transparencia de los datos referentes al ejercicio del gasto de los gobiernos estatales puso nervioso a más de uno en la Secretaría de Finanzas.
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No debe ser agradable recibir una calificación negativa de un órgano independiente en medio de una delicada negociación con el Congreso para gestionar la aprobación de una medida que afectará la deuda pública estatal.
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En especial, con una Legislatura aún novel, con una volatilidad todavía incierta y todavía con rounds de tanteo de algunas bancadas con el gobierno del estado. Y es que el estudio no toma en cuenta el gasto de las alcaldías o los otros dos poderes de los estados, sino sólo de los ejecutivos.
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Aunque en honor a la verdad, podría no ser para tanto. Es cierto, el reporte refleja una caída aparatosa en el grado de transparencia, merced, de acuerdo a la información del Imco, de la omisión de hacer pública en los tiempos correspondientes la información correspondiente al último trimestre del año pasado. La calificación fue castigada por esa tardanza.
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Sin embargo, en materia de desempeño, los números del Imco son coincidentes con los de Finanzas a la hora de reflejar una disminución del gasto de operación en las dependencias del Poder Ejecutivo, incluyendo temas delicados como el de la nómina y el de publicidad.
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De la deuda, la ficha correspondiente a San Luis marca que no ha habido deuda adicional.
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Cosa de leer el reporte y entenderlo para explicarlo bien.
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Después de que, para variar, la primera sesión del Sistema Estatal Anticorrupción acabó en un enredo, parece que la segunda se perfila para generar otro escándalo.
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Y es que para el jueves se está citando a sus integrantes a una sesión en la que se elegirá al secretario técnico del SEA, un cargo vital para el desempeño del mismo, pues será la caja de engranajes que, en teoría, debe hacer funcionar el sistema.
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Es, también, un puesto de alta carga política y de manejo de recursos. En el papel, el elegido saldrá de una terna que debe proponer el presidente del órgano directivo y cumplir una serie de rigurosos requisitos.
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El asunto es que buena parte de los integrantes del sistema no conocen tal terna y algunos admiten que van a ciegas.
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Es decir, que se anticipa que, como ha sucedido, el desacuerdo y el fantasma de la imposición vuelvan a afectar al SEA.
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El alcalde Xavier Nava abrió la caja de Pandora del incremento a las tarifas del agua y casi inmediatamente, se la cerraron en el Congreso.
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Con toda la precaución que manejó para anunciar la posibilidad de insinuar un incremento debido a que las tarifas actuales están por debajo de los costos de operación, el tema no es de los que pasan desapercibidos.
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De inmediato, diputados de varios partidos, incluyendo el PAN, externaron una negativa rotunda a la posibilidad. Deberá ser muy convincente el alcalde si no quiere enfrentar un fracaso muy temprano en su administración.
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¡HASTA MAÑANA!