Ante el cumplimiento parcial del Poder Judicial del Estado de hacer públicas las sentencias que emiten sus distintos tribunales, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad AC avanza en la presentación de un amparo ante la justicia federal para obligar a los juzgadores a cumplir cabalmente con la obligación, señaló Gerardo Carrasco Chávez, integrante del área jurídica de la organización.
La medida, informó en entrevista, ya se realizó en Zacatecas, en donde la totalidad de jueces y magistrados fueron incluidos en una demanda de amparo debido a que no han publicado una sola sentencia, pese a que las leyes de transparencia de ese estado los obligan a hacerlo.
La situación es generalizada en todos los estados, dijo Carrasco Chávez quien señaló que hay diez entidades detectadas con un cumplimiento cero de la obligación.
Por esta razón, la organización pretende realizar una estrategia nacional en todos los poderes judiciales estatales. San Luis podría ser el segundo estado en el que se presente el amparo para obtener la difusión total de las sentencias.
En la entidad, calculó, apenas el 10 por ciento de las sentencias es difundido de oficio por el PJE. Indicó que el cumplimiento total de esta obligación se ve afectado por el hecho de que legalmente, se marca la obligación de publicar las sentencias que los jueces consideren que son de interés público, lo que introduce un criterio de discrecionalidad.
Esta opacidad es grave debido a que puede ser la antesala de actos de corrupción en la impartición de la justica.
Una revisión a la sección de sentencias de la página de transparencia del Poder Judicial del Estado, detectó que hay un criterio disparejo de cumplimiento.
Así, hay salas y juzgados que publican sentencias emitidas este año, aunque no se especifica si son todas, mientras que otras instancias presentan información muy atrasada.
La Sala de Pleno, por ejemplo, sólo presenta dos asuntos, uno de 2009 y el otro, de 2012.
Las salas auxiliares no han publicado sus dictámenes de los últimos cuatro años, mientras que otras dependencias no han actualizado este año la publicación de sus sentencias.