Meses sin poder ver a sus hijos, órdenes judiciales que, aseguran, no se cumplen y expedientes que han pasado de un juzgado a otro fueron denunciados este jueves por dos madres frente al Poder Judicial de San Luis Potosí, quienes expusieron los procesos que enfrentan para recuperar o mantener la convivencia con sus hijos.
Marlene Múzquiz Flores relató que lleva 86 días sin ver a su bebé, quien fue sustraído por su padre el 1 de julio, cuando tenía siete meses y 21 días. Señaló que ese día acudió a impartir clases al Tecnológico de Monterrey junto con su hijo y que el padre se lo llevó sin informarle dónde estaría. Ese mismo día presentó una denuncia por sustracción y posteriormente inició un proceso de guarda y custodia. Afirmó que existe una orden para restituir al menor, pero que el padre no la ha cumplido y tampoco ha acudido a las convivencias ordenadas.
La madre también denunció presuntas irregularidades durante el proceso y afirmó que recibió amenazas por parte de la abogada de su expareja. Según su relato, la abogada Natalia Castillo y otra mujer a quien identificó como Xóchitl acudieron a un juzgado para amedrentar y gritar a las funcionarias, situación que, dijo, llevó a que la primera jueza que conoció su expediente se excusara. Posteriormente, el caso pasó al Juzgado Quinto y después al Primero. Múzquiz Flores sostuvo que actualmente el expediente presenta inconsistencias y que incluso ha detectado que no está completo. También afirmó que fue desalojada de la vivienda donde vivía con su hijo.
Otro caso fue expuesto por Adriana Luna Martínez, quien denunció que su hijo Emiliano fue sustraído el 4 de julio y que actualmente solo puede verlo durante 60 minutos en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam). Aseguró que en 2023 fue declarada en rebeldía dentro de un procedimiento que, según su versión, inició con un emplazamiento que nunca conoció, y que posteriormente el padre obtuvo una sentencia definitiva de custodia. Luna Martínez cuestionó que las decisiones judiciales terminen afectando la convivencia de los menores y pidió que su hijo pueda regresar a casa.
La abogada y activista Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, de la asociación Shakti, señaló que estos casos forman parte de situaciones que también se presentan en otros procesos familiares, como retrasos en convivencias y pensiones. Abogados postulantes señalaron que algunos acuerdos tardan uno o dos meses y que niñas, niños y adolescentes llegan a esperar hasta tres o cuatro meses para regularizar convivencias u obtener alimentos. La abogada Alejandra Rivera atribuyó parte del rezago a la falta de personal y planteó reforzar los juzgados familiares o incluso abrir otro, además de contar con especialistas en psicología para procesos de revinculación.