En un nuevo desacuerdo entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y una alcaldía, el ayuntamiento de Santa María del Río acusó a la presidenta de la instancia laboral, Guadalupe Cervantes Gamboa, de destinar 11.2 millones de pesos de recursos federales inembargables para el pago de un laudo.
En un comunicado, el síndico municipal Luis Licea Cayetano señaló que el fallo del TECA afectó recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal entregado al municipio en 2019, pese a que las leyes federales señalan que son inembargables y que el Código Fiscal estatal prohíbe entregar recursos federales a particulares.
El funcionario explica que a raíz de un juicio laboral que data de 2006, que en 2012 provocó el encarcelamiento del entonces alcalde Pascual Martínez, la presidenta del TECA ordenó la entrega de recursos municipales a un ex funcionario.
Además, señaló que en la operación también participaron el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Marcos Efrén Gutiérrez, y el apoderado legal de un banco.
Asimismo, Licea Cayetano adelantó que se presentarán denuncias contra los involucrados ante la Fiscalía General del Estado y las auditorías estatal y federal. Además, señaló que se tomarían medidas legales contra Cervantes Gamboa por la “ejecución de un laudo de manera legaloide y corrupta para obtener lucros indebidos”.
Agregó que los recursos embargados estaban destinados a obra pública en el municipio.
La actual queja de Santa María del Río contra el TECA se suma a las de las alcaldías de Ciudad Valles, Mexquitic y Villa de Ramos, por fallos adversos en juicios laborales.
De hecho, habitantes de Villa de Reyes mantienen tomada la sede del TECA desde el viernes por la noche.