A menos de dos meses de que termine el año, jubilados del Gobierno estatal presionan a la Oficialía Mayor para destrabar los trámites que les permitirían cobrar sus pagos y estímulos por años de servicio.
Después de más de dos meses de promesas sin avances, temen que las autoridades vuelvan a argumentar falta de presupuesto y posterguen los pagos hasta 2027.
Álvaro Yáñez, integrante del movimiento, explicó que necesitan los oficios con los montos correspondientes para firmarlos y permitir que la Secretaría de Finanzas genere los contrarrecibos e incorpore los recursos al presupuesto.
Sin embargo, aseguró que la Oficialía Mayor no les ha dado una respuesta ni una fecha para liberar los documentos.
El grupo reúne entre 200 y 300 jubilados de diferentes instituciones de Gobierno del Estado.
Yáñez recordó que hay extrabajadores que llevan cuatro o cinco años sin recibir pagos y que ni siquiera han firmado sus oficios; algunos han fallecido sin cobrar y otros enfrentan enfermedades como el cáncer mientras se endeudan para cubrir sus gastos.
Aseguró que no exigen apoyos extraordinarios, sino prestaciones que les corresponden por ley.
Una jubilada señaló, por separado, que desde 2022 personal de distintas instituciones gubernamentales se acercó a trabajadores próximos a cumplir los requisitos para jubilarse y los animó a iniciar sus trámites.
Según su testimonio, muchos accedieron sin imaginar que después enfrentarían retrasos en la actualización de sus pagos y pasarían años sin recibir el dinero que esperaban.
Yáñez, por su parte, rechazó que el movimiento se sume a organizaciones políticas que han buscado acercarse y sostuvo que su única exigencia es el cumplimiento de los derechos de sus compañeros.
Los reclamos contrastan con lo declarado por la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, donde aseguró que la administración estatal no mantiene adeudos con la Dirección General de Pensiones y que los pagos están garantizados.
Informó que para 2026 se autorizaron 2 mil 600 millones de pesos para el sistema, cuya presión financiera podría alcanzar los 4 mil millones.