La aparición del diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, portando un reloj Cartier Santos intervenido con diamantes naturales VS1, cuyo valor en el mercado podría oscilar entre los 260 mil y los 380 mil pesos, abrió un debate sobre la transparencia patrimonial y la congruencia entre la representación popular y los signos de ostentación.
El tema cobró relevancia luego de que una revisión periodística exhibiera además que el legislador registra una de las participaciones más bajas de la actual legislatura.
Cuestionado sobre el caso, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo, consideró que los funcionarios públicos ya cuentan con mecanismos de transparencia establecidos a través de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de ingresos. Señaló que corresponde al propio legislador explicar el origen de sus bienes y si cuenta con actividades económicas adicionales que justifiquen la adquisición de artículos de alto valor.
El legislador panista afirmó que la obligación de rendir cuentas sobre el patrimonio de los servidores públicos se encuentra contemplada en el esquema conocido como “3 de 3”, por lo que dijo desconocer las circunstancias particulares del diputado petista. Añadió que, en caso de existir ingresos provenientes de actividades empresariales o personales, éstos podrían explicar la capacidad económica para adquirir un reloj de esas características.
Por su parte, el diputado de Morena, Roberto García, evitó emitir un juicio directo sobre su homólogo del PT y optó por referirse a los principios de austeridad promovidos por su partido. Señaló que los representantes populares deben mantener cercanía con la ciudadanía y actuar bajo los lineamientos impulsados por el movimiento y por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
No obstante, García sostuvo que corresponde al propio Tomás Zavala fijar una postura sobre el tema y aclarar cualquier cuestionamiento relacionado con su patrimonio. Mientras tanto, la discusión sobre el reloj de lujo se suma al escrutinio público sobre el desempeño y la imagen de los legisladores locales, en un contexto donde la exigencia de transparencia y rendición de cuentas continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas.