El presidente del Patronato del Centro de Abastos, José Luis Olivares Robles, anunció que presentó una denuncia penal para esclarecer los hechos en los que una “minoría opositora”, auxiliada por extraños, tomó las instalaciones del organismo representante de los mayoristas organizados.
Explicó que si bien hay derecho a disentir, porque es parte de nuestras garantías individuales, nada justifica el ejercicio de la violencia, ni tratar de autonombrarse representantes de la mayoría de los comerciantes que no están de acuerdo con la toma de las instalaciones, sin siquiera haber desahogado un proceso de elección de mesa directiva.
“Todos tenemos libertades y derechos para disentir y para manifestarnos, pero no para violar leyes, y en este caso claro que tienen derecho a eso, pero no tienen derecho a incitar y a ejercer la violencia, no tienen derecho a usurpar funciones, no tienen derecho a usufructuar espacios y servicios que no se les han asignado. No tienen derecho a violar decretos que con el solo hecho de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado son una ley y son de observancia general”, puntualizó.
Dijo saber que el Gobierno del Estado es prudente en su actuar, pero eso no implica impunidad, sino que eso implica diálogo y si éste no da resultados, entonces forzosamente se tiene que aplicar la ley en toda su extensión.
Aseguró que los bodegueros no caerán en provocaciones, que como resultado generarían violencia y más ilegalidad, además de proyectar a la comunidad una imagen de un Centro de Abastos en conflicto y en el cual habitan personas que no respetan la ley, y por tanto, “no les importa nuestra casa”.