Es muy seguro que, una vez abierto el proceso probatorio sobre el ocultamiento de un informe sobre toxicidad en niños por contaminantes en el río Santiago, de Jalisco, se solicite información adicional a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que fue encargada del estudio que descubrió la situación, y que fue ocultado por varios gobiernos de este estado, informó Fernando Zambrano Paredes, coordinador de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
En entrevista, el funcionario calificó como “lamentable” el que una gestión estatal pasada haya ocultado la información sobre la salud de los infantes, y no la imposibilidad de la UASLP de revelar los datos.
Zambrano Paredes asumió que eso es lo que “hay que destacar en su momento. Eso es lo que se está investigando (el ocultamiento del Gobierno del Estado)” en la queja iniciada por esos hechos.
En semanas anteriores, se reveló que el Gobierno del Estado de Jalisco ocultó dicha información elaborada en 2011, que entre otras cosas detectó que la población infantil presentaba padecimientos vinculados con la exposición ambiental al cauce.
Según el funcionario estatal, la Comisión aduce que los actos de las autoridades e instituciones públicas deben fundamentarse en el principio de legalidad y seguridad jurídica.
Por ende, planteó que, si el Gobierno del Estado acordó con la UASLP una cláusula de confidencialidad para tal estudio, “es obvio” que al aceptar tiene un compromiso y responsabilidad de no darlo a conocer de manera amplia a la sociedad.
Señaló que, en caso contrario, la UASLP hubiera sido sujeto a una probable responsabilidad no solo de tipo administrativa, sino también de índole penal “y nosotros somos respetuosos en esas cosas, y hay que aclarar, (…) que la Comisión desconoce los términos en que fueron contratados sus servicios (a la UASLP)”, acotó.