Poner soldados en todas las áreas de la administración pública, incluyendo carreteras y obra pública, es una muy mala señal, porque si bien el presidente los considera una institución honesta y que sabe obedecer órdenes, al estar en la calle entran en riesgos de corrupción, aseguró Luis Darío Ángeles González, abogado postulante en derecho administrativo.
El también especialista en licitaciones públicas, sanciones administrativas y anticorrupción, presentó una ponencia magistral durante las Jornadas Académicas en Materia de Derecho Administrativo, organizadas por la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo San Luis, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Comentó que el mayor riesgo se refiere a que con el pretexto de que interviene el Ejército, los asuntos públicos son declarados información reservada.
“Tiene cierta lógica el razonamiento del presidente de la república, porque explica que siempre ha sido una institución honesta pulcra y trabajadora, y además cumple órdenes, y en ese sentido se entiende que tiene cierta lógica”.