A diferencia de otros estados, los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Potosí, no son el origen de llamadas de extorsión, cometidos por parte de las personas privadas de la libertad.
Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, quien expuso el contexto de este delito ante la reciente presentación del Plan Nacional contra la Extorsión.
Argumentó que, si bien solamente el Cereso de San Luis Potosí, ubicado en la delegación La Pila, es el único que cuenta con inhibidores de señal telefónica en dos de ellos no se presenta problema con la detección de dispositivos móviles entre la población carcelaria.
En tanto, en los complejos huastecos de Tamazunchale y el femenil de Xolol, en Tancanhuitz no se instalaron, porque la ubicación geográfica imposibilita establecer una conexión, a través de un celular, complementó.
Estableció que no existe un vacío legal para que las autoridades investiguen este ilícito, porque todo se fundamentará en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, sin embargo, San Luis Potosí deberá de armonizarla con su legislación local.
Explicó que derivado del articulado transitorio de dicha norma, la SSPC deberá realizar acciones en diversas áreas operativas, por ejemplo, en el Centro de Coordinación, Control, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5-i2).
“En San Luis Potosí no hemos detectado que antes o actualmente, que los centros penitenciarios sean origen de extorsiones como en otros lugares (cárceles del pais)”, remató.