Pese a los esfuerzos del gobierno estatal, las obligaciones financieras que lastran el presupuesto para 2019 no dejaron de crecer este 2018, generando, al total, un incremento de 3.10 por ciento en proporción y de 172.5 millones de pesos en números duros.
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Para este año, la suma de los pendientes de pago que enfrenta la administración de Juan Manuel Carreras López en dependencias educativas, de salud, pensiones y proyectos de prestación de servicios fue de cinco mil 558.2 millones de pesos.
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Para el año entrante, de acuerdo al presupuesto de egresos presentado recientemente al Congreso, la suma subió a cinco mil 730.7 millones de pesos.
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Estas obligaciones superan incuso a la deuda bancaria del estado, que suma cuatro mil 112 millones de pesos.
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La carga, de por sí pesada, parece que se agravará más conforme pasen los años. Los esfuerzos realizados en esta administración podrán haber logrado mitigar el ritmo de incremento, pero es claro que no han evitado su crecimiento.
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El asunto nos lleva a la necesidad de evaluar la pertinencia de los proyectos transexenales, que comprometen los recursos estatales más allá de la administración de origen, así como el establecimiento de candados en los acuerdos que reparten las obligaciones financieras de los gobiernos estatales y de la Federación.
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En poco más de dos meses, dejar de adquirir gasolina, hojas de máquina, galletitas y café, entre otras cosas, ha generado suficientes recursos para comprar un edificio.
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Eso es lo que intenta hacer creer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el morenista Edson Quintanar Sánchez.
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Así explicó el legislador el presunto “ahorro” para el que el Congreso pretende dar como destino la compra de un inmueble. El que no ofreciera una cifra precisa del presunto “ahorro” da una idea de la credibilidad de la afirmación.
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Según las propias cifras del Congreso, el gasto de la nueva Legislatura no es muy diferente del anterior y es prácticamente imposible que en los menos de tres meses que tiene la nueva diputación este año, se acumule la cifra necesaria para comprar un inmueble.
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El presupuesto exagerado que recibe el Congreso, muy por encima de sus necesidades, es la explicación más coherente a esto. Y el pretender ejercerlo completamente da más la imagen de derroche que de ahorro.
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Para el año entrante, la Secretaría de Cultura, cuya alicaída actividad fue más evidente este año con un pobre Festival San Luis, recibirá 45 millones de pesos de incremento presupuestal.
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De 269.6 millones de pesos presupuestados para este año, pasará a 315.1 millones de pesos. La pregunta es ¿a poco el desempeño de la dependencia justifica tal incremento?
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¡HASTA MAÑANA!