El miércoles se informó que con base en un procedimiento abreviado, en el que estuvieron de acuerdo los deudos de la víctima, los seis elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) implicados en el homicidio ocurrido en junio de 2017, obtuvieron su libertad.
El ombudsman local comunicó que la CEDH ya solicitó copia certificada de la resolución del juzgador en este caso, a fin de tener la certeza de cuál es el razonamiento jurídico que llevó a cabo el juez.
“Nosotros respecto al tema de los pronunciamientos que hace el Poder Judicial en su encargo de administración de justicia… En el ámbito de nuestra competencia no tenemos forma de intervenir en la determinación del juez”, sentenció Andrés López.
Según la PGJE, en unas de las audiencias del proceso legal se mostraron elementos que determinaron que el asesinato de Enrique N. “se trató de una confusión” de los policías, pues ellos buscaban a supuestos criminales.